Amorales, invertidos y degenerados: crónica de putos argentinos. Última parte


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[Putos. Historia. Argentina. CHA. Matrimonio Igualitario. Ley de Identidad de Género. CHA. Universidad Católica Argentina. Universidad de Buenas Aires. Ley de Unión Civil. Florencia Trinidad]

“Dentro de unos años, este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico”
―  Cristina Fernández de Kirchner, (2010) durante la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario

 “Los que gustan polarizar las opiniones políticas de quienes somos populares en ‘pro o anti’ deberían saber de una buena vez que hacer política es hacer historia, y que cuando este Gobierno pase, cuando esta generación pase, e incluso cuando todos los que estamos de paso en esta vida pasemos, miles de personas que fueron durante tantos años humilladas por su sexualidad podrán ya caminar por la senda que transitan los países verdaderamente civilizados, aquellos que tratan a todos sus ciudadanos como iguales”
―  Florencia Trinidad (2011)

 

por Conrado Rey Caro (@reycaro_ )
Ilustraciones: Rodografo  (@rodografo )

Para el nuevo milenio los putos, las tortas, y las travestis ya estábamos organizadxs, la militancia de los 80 y los 90 abrió el paso para poder lograr conquistas en el seno del Estado y la democracia. La visibilización ya no era la primera consigna de lucha, la ciudadanía sexual demandaba el reconocimiento de derechos. Con el horizonte del matrimonio igualitario la primera acción que tomaron estos grupos se orientó por la promulgación de una ley de unión civil.

Ley de Unión Civil

La legislación debía reconocer que parejas del mismo sexo convivían y merecían los mismos derechos que las parejas heterosexuales. El derecho a la herencia, a la acreditación de la convivencia para reclamos ante la justicia, a la extensión de la cobertura de la obra social o prepaga, y al acceso a créditos en conjunto, etc[i].

César Cigliutti y su pareja Marcelo Suntheim, ambos presidente y vicepresidente de la Comunidad Homosexual Argentina, presentaron en agosto del 2001 un proyecto de ley de unión civil a la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura de CABA. La Comisión paso a pedir informes a profesionales para verificar la constitucionalidad del proyecto. Con miedo a las técnicas del cajoneo que implementa la burocracia para enterrar en las torres de papeleo las políticas de reconocimiento, la CHA insistió, y en cada paso siguió los expedientes. Los informes que llegaron fueron escuetos y no desarrollaban un fundamento sólido así que fueron desestimados y el proyecto se declaró anti constitucional.[ii]

La diversidad sexual habito nuevos territorios de posibilidad dentro del Estado. Se trazaban nuevos espacios de batalla, pero la disputa no cambio del todo: a lo puto se le siguió enfrentando lo católico. La iglesia existía en el recinto de la legislatura porteña: se hablaba del “bloque purpura”, agrupación por encima de la división partidaria que conglomeraba a los legisladores que estaban de acuerdo con la jerarquía eclesiástica. Con su influencia, el poder de la Iglesia se licuo por la burocracia y durante los años siguientes intento dificultar y detener las legislaciones que trataran a los cuerpos de la diversidad sexual como ciudadanos.

La Universidad Católica Argentina (UCA) se encargó de producir teoría en contra del proyecto de la CHA: las llamadas “Jornadas sobre la ley de Unión Civil” fueron instancias en las cuales cientistas sociales calificaban de desviación a la homosexualidad y atacaban la propuesta. Por el otro lado, la CHA se apropió del espacio público y pretendido laico que significaba la Universidad de Buenos Aires (UBA), y en una conferencia, acompañados por profesionales del Colegio Público de Abogados, sostuvieron la constitucionalidad de la ley.

En diciembre de 2002 el proyecto volvió a entrar en la legislatura porteña pero no hubo quorum para debatirla. Los legisladores se retiraron a sus oficinas hasta que estudiantes de la UCA entraron a los gritos y empujones, vociferando en contra del proyecto y atacando a los legisladores. Esta situación de violencia devino en una reunión de los legisladores. El enfrentamiento incitado por la juventud católica contra los militantes homosexuales genero un clima de batalla que la Argentina pos 2001 no quería sostener. “Los presidentes de los bloques salieron de la reunión y el proyecto, que durante año y medio había recorrido un sinuoso camino burocrático por cuatro comisiones legislativas, fue votado sin cambiar una coma.”[ii] La Ley de Unión Civil fue promulgada el 17 de enero de 2003. Marcelo y Cesar se unieron, convirtiéndose en los primeros hombres latinoamericanos en hacerlo.

La Asociación de Travestis Transexuales Transgeneros de la Argentina (ATTTA, conocida en los 90 como ATA únicamente), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT, creada en 2005 por las dos primeras mujeres en unirse: Maria Rachid y Claudia Castro, junto con Esteban Paulon y otros militantes) y la Comunidad Homosexual Argentina entran en diálogos y surge la iniciativa de ir a por la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Ley de Matrimonio Igualitario

Una vez los objetivos claros, el recorrido entro en marcha para lograr la legalización se coordinaron dos estrategias simultaneas. Una funcionaba a través de dispositivos del poder judicial, y la otra era ingresar al Parlamento.

La estrategia judicial consistía en la presentación de recursos de amparo. Parejas iban a intentar casarse y cuando les negaban el pedido presentaban el recurso de amparo refiriéndose a esta práctica como inconstitucional porque restringía el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Tres parejas ya habían pedido amparo pero a ninguna le dieron la posibilidad de casarse, fue así que el 22 de abril de 2009 Alex Freyre y José María Di Bello fueron al Registro Civil en CABA para pedir casamiento. La jueza Gabriela Seijas declaró inconstitucionales a los artículos de la ley de matrimonio civil que impiden el casamiento entre putos.

Todo se estaba dando. El 1 de diciembre (día mundial de la lucha contra el SIDA) se iban a casar, pero se enteró la Iglesia y puso manos a la obra para parar la blasfemia. El arzobispado se reunió con Mauricio Macri (Jefe de Gobierno en su momento), la Corporación de Abogados Católicos puso sus fuerzas en parar aquella boda y Pedro Javier Andereggen se presentó como particular y pidió que se anule el fallo de la jueza Seijas. La fuerza eclesiástica llevó a cabo una “estrategia de presentarse con todos los abogados, en todos los juzgados, contra todos los participantes del matrimonio de Alex y José.”[ii] La acción en tsunami de la Iglesia católica dio resultados y la jueza Martha Gomez Alsina ordeno que el Registro Civil no casara a los trolos. En una vigilancia inquisidora, el poder eclesiástico estuvo atento y listo para prender fuego cualquier amparo que venga de dos lesbianas o maricones.

En él mientras tanto fueron presentando proyectos de ley para que se traten en diputados. El primero lo presento Carlos Jáuregui a comienzos de los 90, sin éxito. En los años siguientes se presentaron otros proyectos que perdieron estado parlamentario. En abril del 2007 los legisladores socialistas Di Pollina y Silvia Augsburger, junto con la diputada Marcela Rodriguez (ARI) presentaron un proyecto. “En octubre de 2007, la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Vilma Ibarra, presentó un proyecto de Ley en el Senado para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales”[iii] Ambos proyectos convergen y a finales del 2009 ingresa el proyecto de ley al Congreso pero no hay quorum necesario para debatirlo: ni del Frente para la Victoria, ni de la Unión Cívica Radical, ni del PRO. Los únicos presentes fueron los diputados del Encuentro Popular y Social, de la Coalición Cívica, del Socialismo, y de Solidaridad e Igualdad.[ii]

La representación de las subalteridades sexuales entra en conflicto con la democracia de partidos y así la estrategia parlamentaria no funciono. En él mientras tanto la Iglesia en su tradición inquisidora continuaba persiguiendo a los amparos.

Luego de la desilusión y la falta de representación en el Congreso, a Alex Freyre y José María Di Bello se les ocurrió otra posibilidad, solicitar casamiento en otra provincia que no sea Capital Federal: algún territorio lejos de la influencia de la Iglesia y con aliados en el gobierno que hayan manifestado su apoyo. Así partieron en secreto hacia el fin del mundo (Tierra del Fuego) donde gobernaba Fabiana Ríos del ARI. José hizo cambio de domicilio, el INADI los apoyaba y así fueron al Registro Civil a que les digan “no” y así presentar un amparo.

El 28 de diciembre, entre las fiestas y bajo un secretismo de escarcha la gobernadora firmo el decreto 2996 que permitía la boda entre Alex y José. Los testigos llegaron y la ceremonia se realizó lo más rápido posible, no podían darse el lujo de ver entrar a una horda de cazadores de brujas portadores de rosarios. La oficial los declaro en matrimonio y finalmente, entre las corridas, la clandestinidad y las alianzas, José y Alex se convirtieron en la primera pareja de putos en casarse en Latinoamérica aun sin una ley específica que los ampare.[ii]

Durante los dos meses siguientes hubo 60 pedidos de casamiento y algunos de estas parejas iban logrando casarse por vía judicial. Con esto sucediendo y la difusión mediática que tuvo el tema, la ley llega a la Cámara de Diputados, donde se logra la media sanción en la madrugada del 5 de mayo de 2010: 125 votos afirmativos, 109 negativos y 6 abstenciones.

Durante el debate en el Congreso Cynthia Hotton (del bloque “Valores para mi país”), en una clara oposición a la legislación, afirmaba que el matrimonio es una unión única de complemento entre el hombre y la mujer. La monogamia, la heterosexualidad normativa y su discriminación la llevaron a temer por la salvaguarda de la institución del matrimonio. Aterrada no solo por la homosexualidad, sino también por prospecto que algún día se legalice el incesto y la poligamia, Hotton sostuvo una oposición firme.

La semiótica que entraba en juego en la disputa entre la Iglesia y la ciudadanía sexual fue manifestada en el Congreso. El poder eclesiástico se oponía rotundamente a permitir a los homosexuales casarse entre ellos y armaron una defensa a la institución de la familia heterosexual cristiana. El bloque purpura acuso de que si los homosexuales podían adoptar iban a abusar de sus hijos, y también asociaron las causas del cambio climático con el desequilibrio que instalaban los putos reclamando por derechos. Claramente la Iglesia nunca tuvo las mejores cabezas para argumentar desde una racionalidad sensata o al menos no contradictoria: jamás vi a los católicos tan enfurecidos por las grandes cantidades de curas pedófilos como estuvieron por el hecho de que dos mujeres o dos hombres podían casarse.

Los que estaban de acuerdo con la legalización de la ley sostenían la consigna de “ni un derecho menos”. La intención no era que todas las parejas homosexuales deban casarse, sino que quienes decidieran hacerlo estén abalados por la Constitución Nacional igual que los ciudadanos heterosexuales. En la propuesta de lucha no había una crítica radical a la estructura familiar, sino que se hablaba de familias en plural, reivindicando otros lazos como las familias monoparentales u homosexuales.

En la intención de “ni un derecho menos” el objetivo era ingresar en el mismo campo que los ciudadanos heterosexuales. Esto fue una discusión dentro de la lucha por el matrimonio igualitario, hubo otras propuestas que criticaban la monogamia y a la institución de la familia. Un ejemplo es el proyecto presentado por la CHA en 2005 que proponía una legislación de unión civil nacional que a diferencia de las locales incorporara “todos los derechos (pensión, patria potestad compartida y adopción, herencia, beneficios previsionales y de obra social, etc) para todas las parejas de distintos y del mismo sexo, con un régimen diferente al Matrimonio, con menor injerencia del Estado, que no regula la necesidad de monogamia, ni del contrato conyugal, ni la anulación del contrato por la existencia de ciertas condiciones físicas y de salud, entre otros cuestionamiento a la institución matrimonial. Este proyecto perdió estado parlamentario al siguiente año por la falta de su tratamiento.”[iii]

El hecho de que la ley se aprobara finalmente en el Senado el 15 Julio de 2010 implicó una conquista inmensa para el colectivo LGBT. Más allá de la crítica o no a la institución de la familia, la conquista de ese derecho significo una victoria por sobre la influencia de la iglesia y la discriminación. Durante el debate de la ley el impacto de la discusión se masificó. A través de la cobertura mediática el tema ingreso a los almuerzos y cenas familiares. No hay estadísticas que permitan contar cuántas “salidas del closet” hubo después de ese proceso parlamentario, pero fue evidente a través de las redes que muchos niñes, adolescentes y adultos descubrieron (en la televisión nacional) que no estaban solxs, que merecían “ni un derecho menos”, y que estábamos organizados en redes de lucha y afecto.

Además, de no haber sido legalizado el matrimonio igualitario no habría sido posible la conquista de uno de los derechos más reconocidos mundialmente: se allano el camino para que las organizaciones empezaran a enfocar sus esfuerzos en garantizar a la comunidad trans su propia identidad.

Ley de Identidad de Género.

En 1997 Mariela Muñoz logro que en su DNI figure mujer y se cambió de nombre. Para lograrlo sufrió peritajes psicológicos y médicos que determinaron que lo que ella tenía era “disforia de género”. Solo así las personas trans podían conseguir el cambio de DNI: a través de la patologización y, además, la obligación de realizar una intervención quirúrgica de los genitales “para ordenar el cuerpo a una convención de genero de acuerdo con un canon de la sociedad acerca de cómo debería ser un cuerpo con identidad femenina o masculina.”[iv]

“Vamos por mas, ley de identidad de género ya” fue el cantico que se empezó a escuchar en la marcha del orgullo siguiente a la legalización del matrimonio igualitario. En la Argentina el derecho a la identidad tiene una larga historia y no es negociable. Era necesaria una legislación que permita a las personas trans la garantía de su identidad sin la patologización ni la obligación a tener que realizarse una cirugía de “readecuación de sexo”.

Hubo un caso particular, en diciembre del 2010, que marcó precedentes en la lucha por los derechos del colectivo trans y es el de Florencia Trinidad (Flor de la V). Ella fue a la justicia y junto con la FALGBT y ATTTA presentaron un amparo solicitando un cambio de documentación. El fallo de este caso era particular porque explicitaba que se debía cambiar el DNI no por disforia, sino por reconocimiento del derecho humano a la identidad; sin la condición, además, de una intervención quirúrgica ni pericias psiquiátricas ni médicas. Lo que se atestiguó fue que el género autopercibido de una persona es razón suficiente para el reconocimiento de su identidad. No hizo falta la presencia de la medicina ni su tendencia a patologizar los cuerpos subalternos para garantizarle a Florencia su derecho humano a la identidad.

Un tiempo después, se presenta al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Identidad de Género (expediente 8126-D-2010) redactado por la CHA, la Cooperativa Nadia Echazu, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL, creado por Diana Sacayan), la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), Futuro Transgenérico, e independientes que integraban el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

En noviembre de 2011, en las comisiones de Legislación General y Justicia del Congreso de la Nación el proyecto de ley obtuvo dictamen de mayoría, la firma de 25 diputados. La diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) presidio la reunión y afirmo que el quórum se alcanzó con facilidad. La ley pasaba al Congreso para ser debatida, evento impensable de no ser por la militancia trans y la legalización del matrimonio igualitario dos años atrás.

La ley establece que “toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.[v]” Esta última palabra es la central que diferencia a la legislación argentina de la de los demás países. La autopercepción de la identidad de género se define como fundamento único y ultimo para el respeto de la identidad y para el cambio de nombre, imagen y sexo; despatologizando a las identidades trans y revindicando sus vivencias singulares.

La ley, luego agrega que “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Además garantiza el derecho dentro de la salud pública y gratuita de intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo a la autopercepción del género. Para poder llevar a cabo cualquiera de estos dos procedimientos, lo único que hace falta es el consentimiento informado de la persona. A su vez la legislación remite a la confidencialidad de las actas de nacimiento y las rectificaciones del cambio de sexo y nombre. Y al trato digno: debe tratarse con el nombre de pila elegido por más que no se haya modificado el DNI.

La sanción de esta ley el 9 de mayo de 2012 fue otro gran paso para la militancia por los derechos de la diversidad sexual. La conquista de la garantía de la ciudadanía y el respeto de la identidad muestra como “el propio colectivo trans pasó de la victimización a la acción política” cuenta la antropóloga Josefina Fernández a Pagina 12.[vi]

La ley también inaugura desafíos: el principal es garantizar que se cumpla semejante proyecto histórico. La legislación se ve enfrenta a instituciones como la medicina y la jurídica que, como hemos visto en la primera parte de esta crónica, regula y patologiza la diversidad sexual desde los comienzos del Estado argentino.

El otro desafío puede ser entendido como una promesa o una iniciativa: el documento como primer pase a un universo de derechos que fueron postergados históricamente como el cupo laboral trans militado en los años siguientes y hasta hoy. Se piensa aquella conquista como un puntapié para iniciar otros procesos de leyes por los cuales militar. Vanesa Cufré cuenta en el podcast “Todo menos paki” como la comunidad trans tuvo que fabricar sus propias políticas públicas, y que se ve forzada a seguir construyéndolas dado “que las personas trans no superan la expectativa de vida de 45 años, ni siquiera la prevalencia del 24% del VIH. Eso es una preocupación para un sistema democrático.”

Parece entonces innecesario aclarar que la lucha de la diversidad sexual no ha terminado. Más que nada pensando en el presente en el que nos encontramos y concretamente en los últimos 4 años que trajo consigo la desmantelación de las políticas públicas conquistadas y el aumento de la violencia policial sobre las comunidades vulneradas.

Haciendo recapitulación del recorrido histórico de los putos, las tortas y las travas argentinas es inmenso el avance que se ha realizado en términos de derechos, pero ninguna conquista es eterna e intocable. La lucha por nuestros derechos nunca termina porque estos siempre se verán amenazados, las relaciones de poder se complejizan y recomponen. Poderes económicos que desmantelan los sistemas de salud públicos dejando en situación de riesgo a los portadores de VIH y sin hormonas a las feminidades y masculinidades trans; la impunidad policial que refuerza la persecución sobre la diversidad sexual y avalan el meter presas a las lesbianas por besarse y castigar a las travestis por existir; discursos que vuelven a tomar fuerza en los periodos electorales y en los medios nacionales e internacionales que incitan al arquetipo de macho a cagar a trompadas a un puto hasta el punto de enviarlo al hospital y matarlo.

La militancia no debe ser olvidada y la vigilancia debe ser permanente. Ni un derecho menos y vamos a por más. A conquistarlos en las calles, en la academia, en el parlamento, en la familia, en el hospital y en el trabajo. Armando redes de lucha y de afecto no solo para sostener la militancia sino también para construir comunidad y lazos de cuidado, sostén, y amor.

Hoy no estamos solos.

Nunca lo estuvimos.


[i] https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-1-004-union-civil-2002/

[ii] Bazán, O. (2016). Historia de la Homosexualidad en la Argentina (4 ed.). Buenos Aires: Marea

[iii] https://www.cha.org.ar/2009/08/19/historia-del-matrimonio-lgtb-en-argentina/

[iv] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-156313-2010-11-05.html

[v] Ley 26.743

[vi] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/193713-58965-2012-05-10.html

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